por Armando Olveira

Comisión de Impacto Psicosocial del VIH-SIDA

Contra el cruel virus de la discriminación

En mayo de 1992 fue creada la Comisión de Impacto Psicosocial del VIH-SIDA del Sindicato Médico del Uruguay con el objetivo de «analizar la problemática provocada por la enfermedad y actuar en defensa de los derechos humanos de quienes sufren discriminación». De carácter multidisciplinario, la Comisión ha orientado su trabajo en especial a analizar los aspectos psicosociales del VIH-SIDA en el personal de la salud. En virtud de las actividades educativas y de orientación, se recibieron consultas acerca de problemáticas de los trabajadores relacionadas con esta enfermedad (sean éstos profesionales en actividad o portadores del virus). El trabajo de la Comisión se canaliza a través de un grupo de trabajo integrado por la Comisión de Salud del PIT-CNT, Ielsur, Serpaj y Asepo.

El Dr. Mario De Pena aseguró que «se reciben casos de claro contenido psicosocial dirigidos esencialmente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud».

Según De Pena «existe una excelente relación interinstitucional con organismos como Ielsur, Serpaj, Asepo, ides, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y el Departamento de Salud de la Intendencia de Montevideo... Esta misma interrelación dio lugar a la constitución de un grupo de trabajo que entiende en temas de derechos humanos».

Por su parte, el Profesor Raúl Somma, destacado especialista en el área de investigación, subrayó: «Se ha comprobado que los técnicos no siempre están bien informados sobre aspectos básicos del sida».

La Dra. Julia Galzerano explicó que «los casos llegan a través de denuncias a esta Comisión o a las distintas organizaciones que integran este grupo de trabajo. Desde ese momento se inicia un exhaustivo proceso de estudio que culmina con la elaboración de conclusiones que son elevadas al Comité Ejecutivo del SMU. En este sentido, tenemos el mismo mecanismo que otras comisiones de la Institución».

La Dra. Beatriz Fonsalía, miembro responsable de la Comisión, sostuvo que «se logró aunar esfuerzos de organismos gubernamentales y no gubernamentales, que se encontraban atomizados y desorganizados hasta que se creó la Comisión».

Explicó también que «la gran prioridad es la atención de casos vinculados con profesionales de la salud y, en función de ellos, todo lo que incumbe a los asistidos y la población en general».

Galzerano indicó que «las primeras actividades de la Comisión fueron de claro contenido informativo y de divulgación. Se realizaron charlas, seminarios, encuentros, en especial para médicos, con la presencia de expertos interna

cionales invitados por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)».

Destacó asimismo «la amplitud ideológica y académica» de este grupo de trabajo: «Hay médicos legistas, psiquiatras, epidemiólogos, inmunólogos, internistas y hasta un teólogo, el Padre Antonio Bonzani. Esto nos da un carácter multidisciplinario al que no escapa siquiera la visión metafísica y religiosa de la enfermedad».

La Comisión participa además en la Conasida en representación del Sindicato Médico del Uruguay, a través de los doctores Fonsalía y De Pena.

Discriminación terminal

La Dra. Galzerano puso énfasis en algunas de las violaciones a los derechos humanos más comunes que afectan a portadores de vih y enfermos de sida: «El paciente tiene derecho a una pensión por incapacidad, trabaje o no, pero no siempre se cumple con este derecho, muchas veces por la complejidad de los trámites notariales que hay que realizar».

Recordó el caso de dos escribanos certificadores que por temor a un supuesto riesgo de transmisión no atendieron a pacientes terminales. «Con el grupo de trabajo se elevó una carta al Directorio del Banco de Previsión Social en la que denunciamos actitudes discriminatorias de algunos funcionarios del Sector Notarial encargados de extender poderes... Confirmamos junto con Asepo que los profesionales se niegan sistemáticamente a trasladarse al Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas (seic) del Ministerio de Salud Pública, donde se asisten los portadores... La situación atenta contra el derecho del enfermo ya que éste no consigue tener acceso a la correspondiente pensión por discapacidad a pesar de haber cumplido con los trámites».

De Pena destacó que «la discriminación está relacionada, en la mayoría de los casos, con la ignorancia y el miedo. Por ello, nos hemos puesto a disposición para asesorar al personal no médico del bps para que se maneje información clara y precisa sobre el vih».

Encuesta sobre actitudes y manual de bioseguridad

La Comisión realizó en 1995 una encuesta sobre actitudes y prácticas con pacientes portadores de vih y enfermos de sida, que recogió la opinión de médicos y practicantes socios del SMU.

«Fue un cuestionario autoadminsitrado, voluntario, con preguntas abiertas y cerradas y de carácter anónimo. Se investigó la indicación de la prueba de vih a los pacientes; la revisión de los resultados por el médico solicitante; la reacción de éste frente a un portador vih; su actitud ante un resultado positivo; quién debería saber la condición de portador de su paciente; recomendaciones para un portador; cuál debe ser el manejo de una prueba positiva o negativa; interpretación de los resultados; precauciones en la atención de un portador; riesgo del personal en cuanto a la adquisición de la patología y la necesidad de capacitación de la profesión médica.

Un informe de la Comisión reconoce que «la encuesta tuvo un carácter exploratorio, un primer acercamiento al público, con objeto de sensibilizar al personal de la salud en la relación profesional con estos pacientes».

Los datos recogidos tienen validez global, describiéndose sólo en términos de frecuencia: «Los resultados nos han permitido detectar áreas de desinformación. En cuanto a las precauciones para atender a pacientes, las prácticas discriminatorias son menos frecuentes, pero evidencian comportamientos que deberían ser ajenos a la profesión».

Con relación al consentimiento y la confidencialidad subsiste la polémica, en la medida que no existe una normativa específica. También se han puesto de manifiesto «tensiones en el contacto con los pacientes VIH-SIDA, evidenciado por la presencia del miedo», se enfatiza.

Fueron recibidas 336 respuestas que sirvieron para elaborar un trabajo que será publicado en la Revista Médica del Uruguay (vol. 13, núm. 3), de diciembre de 1997.

Paralelamente, se está redactando un manual sobre medidas de bioseguridad para la atención de portadores de vih y enfermos de sida. «Será fundamental para unificar criterios y crear una rutina de trabajo que mejore aún más las condiciones del trabajo profesional», sintetizó Fonsalía. n

Declaración constitutiva del Grupo de Trabajo

Ante el incremento y la sistematización de las violaciones de los derechos humanos de las personas que conviven con vih o que han desarrollado sida, y preocupados por las carencias de respuestas ante violaciones en lo laboral, legal y sanitario, la Comisión de Impacto Psicosocial del VIH-SIDA del SMU, la Comisión de Salud Laboral del PIT-CNT, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y la Asociación de Ayuda al Seropositivo (Asepo), resuelven conformar un grupo de investigación y trabajo cuyos objetivos serán:

- La defensa de los derechos humanos.

- Llevar un registro nacional de violaciones en materia de VIH-SIDA, respetando la confidencialidad del denunciante.

- Sistematización de la información recibida en áreas sociales.

- Elaborar respuestas específicas para revertir situaciones de violación en el área donde se producen.

- Exponer en diferentes ámbitos sociocomunitarios y políticos los resultados de los trabajos.

- La tarea será abierta a todos los integrantes de la sociedad.

- Las denuncias serán recibidas en el SMU los martes de 14 a 16 horas (Comisión de Impacto Psicosocial del VIH-SIDA) y los viernes de 18 a 20 horas (Asepo).

- Existirá una coordinación permanente entre las instituciones que integran el Grupo de Trabajo.

- Solamente se podrán exponer públicamente (a nombre del Grupo de Trabajo) las conclusiones a las que se lleguen por consenso.

- Cada institución mantendrá su independencia para actuar de acuerdo con su filosofía, sin involucrar al Grupo de Trabajo.

- Cada institución colectivizará entre sus organizaciones hermanas las informaciones recibidas.

- Se estudiarán las solicitudes de ingreso a este Grupo de Trabajo y las mismas serán aceptadas por mayoría.

Discriminar hasta la muerte

«Hasta después de muerto, el enfermo de sida es discriminado», afirmó la Dra. Galzerano. «Aunque parezca mentira, los entierros también son distintos y significan un estigma para la familia», agregó.

«Por la Ley de Entierro de principios de siglo, el velatorio debe realizarse con el cajón cerrado, y al fallecido se lo entierra en un lugar claramente diferenciado. No hay ningún fundamento científico para que se haga algo así... Y lo peor para la familia es que la gente pregunta», aseveró.

Con respecto al tema, el Dr. De Pena integra un grupo de trabajo con la Intendencia Municipal de Montevideo para analizar la normativa que rige los entierros.

Un trabajador de la salud infectado

El Comité Ejecutivo del SMU aprobó el 20 de setiembre de 1993 una declaración sobre el impacto psicosocial del VIH-SIDA en los trabajadores de la salud, basado en un panel-foro realizado ese mismo año por la Institución, organizado por la Comisión de Impacto Psicosocial del VIH-SIDA.

La responsable de la Comisión, Dra. Beatriz Fonsalía, explicó que «la base del documento mantiene total vigencia, aunque ha cambiado un dato muy relevante: desde el año pasado tenemos un trabajador de la salud, en este caso enfermero, infectado con el virus como consecuencia de un accidente laboral».

«1. Los trabajadores de la salud se encuentran en bajo riesgo de contaminación laboral y en la práctica no existe riesgo de contaminación para asistidos o enfermos.

2. Para unos y otros, las vías de infección epidemiológicamente prevalecientes son el sexo no protegido, la drogadicción intravenosa y la transmisión transplacentaria.

3. El control de la pandemia entre los trabajadores de la salud y la población asistida pasa por la educación, el control de aquellas conductas de riesgo y el respeto escrupuloso de las normas de prevención y control de infecciones y las prácticas de asepsia y antisepsia habituales. Es responsabilidad de las instituciones y empleadores facilitar estas últimas medidas y suministrar los recursos humanos y materiales necesarios. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias y laborales velar por que así se proceda.

4. Los trabajadores de la salud deben asistir a infectados y enfermos considerándolos un riesgo normal para la profesión que libremente han escogido, prevenir su discriminación, obtener su consentimiento válido e informado para toda maniobra diagnóstica o terapéutica y no promover ni contribuir a procedimientos de testado o relevamiento masivo, obligatorio, no consentido y no asistido o carente de fundamento científico o de necesidad racional.

5. Los infectados y enfermos tienen derecho a la confidencialidad de su condición, a la oportunidad de acceder a lugares de trabajo en el área de salud, a permanecer en ellos en la medida de su aptitud laboral, a no ser discriminados y que no lo sea su familia y a la compensación justa, equitativa y suficiente, si su infección resulta de un accidente laboral.

6. El Sindicato Médico del Uruguay mantendrá su esfuerzo para el logro de estos objetivos y lo coordinará con las restantes organizaciones oficiales, gremiales y privadas que coincidan con ellos.»

Comisión de Impacto

Psicosocial del VIH-SIDA

Dra. Noelia Beatriz Fonsalía (Miembro Responsable)
Dr. Mario De Pena
Dra. Ana Marlene Compan
Dra. Nelly Piazza
Dr. Raúl Somma Moreira
Dra. Margarita Blengini
Dra. Ana Visconti
Padre Antonio Bonzani
Dra. Julia Galzerano

Secretario: Nelson Puyares

(También formaron parte, hasta sus renuncias, los doctores Eugenio Bayardo, como miembro responsable, Marcos Pamparato y David Edery.)

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