No estamos conformes.

Opinión del Dr. José Minarrieta. Secretario Médico del Comité Ejecutivo del SMU.

martes 30 de noviembre de 2021

Una de las funciones primordiales de nuestro sindicato es la permanente negociación (a veces disputa) con nuestros empleadores, públicos y privados, acerca de nuestras remuneraciones, las condiciones de trabajo y la calidad asistencial que terminamos brindando a los usuarios. 

La negociación colectiva es una tarea compleja, para la cual el SMU tiene una herramienta convenientemente creada hace varios años: la Unidad de Negociación Colectiva, dirigida e integrada por varios colegas con diferentes grados de responsabilidad y asesores de larga trayectoria, que tiene como tarea centralizar la negociación gremial. Su creación significó la profesionalización del accionar de nuestro sindicato en este, su cometido más importante. 

La defensa permanente de nuestros derechos económicos y laborales, la puesta en marcha de la reforma del trabajo médico (RTM), la protección contra abusos patronales a los médicos individualmente o como colectivos, es llevada adelante por un equipo formado para esto, accesible a los médicos y con la dirección política de nuestro Comité Ejecutivo. 

Este accionar sinérgico nos potencia, favorece nuestras posibilidades de éxito y de hecho hay logros palpables. Por supuesto que queda muchísimo por hacer y cada año presenta nuevos y complejos desafíos a enfrentar. 

Básicamente las instancias de negociación claves son: los consejos de salarios, tanto en el área pública como privada, el presupuesto nacional y sus ajustas anuales: las rendiciones de cuentas. Las instancias son muchas veces tripartitas (médicos, empresas, Poder Ejecutivo).

El presupuesto nacional, proyecto de Ley enviado al parlamento por cada gobierno en su primer año, es un terreno de disputa clave, así como anualmente la rendición de cuentas, también iniciativa del poder ejecutivo que luego el parlamento, mediante un proceso de meses de duración en ambas cámaras corrige, ajusta, modifica. Allí se define el gasto que se adjudicará al sector público en su conjunto: ASSE, Sanidad Militar y Policial. Y es ahí donde nuestro sindicato, utilizando la UNC como herramienta, y con la participación activa del Comité Ejecutivo, disputa palmo a palmo cada recurso, cada proyecto, cada peso, reuniéndose con legisladores de todos los partidos, explicando, fundamentando, aportando posibilidades de solución en cada tema. 

Profundizar la reforma del trabajo médico, lograr la presupuestación de cada vez más médicos y médicas buscando eliminar la precariedad laboral fidelizando los recursos humanos en el sector de salud que asiste a la población mas vulnerable del país, aumentar el tiempo para cada paciente, mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la asistencia, equiparar los salarios, entre otros, han sido y son algunos de nuestros principales nortes en esta pelea.

Este 2021, en medio de la pandemia por COVID 19 nos enfrentamos a la sorprendente y preocupante realidad de que el Poder Ejecutivo, increíblemente en acuerdo con el propio directorio de ASSE, presentó un esquema de «aumento cero»: léase permanecer con idéntico presupuesto que el año previo, aunque, como es sabido, el número de usuarios del subsector público aumentó considerablemente como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre el empleo y por ende sobre el aporte Fonasa. 

Las cifras de aumento de usuarios de ASSE, llamativamente difieren según la referencia que se tome: el MSP, a partir de datos brindados por ASSE informa en su sitio web que serían más de cien mil, pero la propia ASSE corrige públicamente esa información, bajando esa cifra y ubicándola en el entorno de los treinta mil. Más allá de que esta diferencia en los datos sea inaceptable en sí, en cualquiera de los casos debió implicar un aumento acorde de los recursos, cosa que no sucedió. La pelea, entonces, debió basarse en la redistribución de recursos, en un ya malogrado panorama. 

El prestador público argumenta que mejorando la gestión y «ahorrando» podrá hacer frente a las nuevas demandas, pero no es lo que estamos viendo: sin ir más lejos ya se ven graves consecuencias en sectores claves y muy sensibles, como la provisión de medicamentos. 

La única consecuencia posible de este panorama es el empeoramiento de la calidad asistencial de los usuarios públicos. Una posible pregunta es ¿volveremos al paradigma de décadas atrás, antes de la creación del SNIS, de «una atención pobre para los pobres»?  

El SMU a través de sucesivas asambleas ha dado directivas a sus organismos para luchar contra esta situación. Algunas cosas pudieron lograrse: se evitó el derrumbe de las UDAS, aunque la solución encontrada no nos complace en su totalidad, ya que entendemos que la defensa de esta herramienta de asistencia y formación coordinada entre el formador – Facultad de Medicina- y el prestador – ASSE- es fundamental para mejorar la calidad de asistencia de la población y la calidad de los médicos que forma el país, se logró un aumento en los fondos para el pago de salarios de los suplentes, los cuales peligraban su salario y el pasaje de los mismos a contratos precarios, a modo de ejemplo. 

Pero no es suficiente, no estamos conformes.

 Este 2022 tenemos dos grandes desafíos: la nueva rendición de cuentas y los consejos de salarios. Entendemos que es altamente probable que buena parte de los prestadores privados obtengan resultados económicos favorables, dadas las restricciones en el cumplimiento de sus prestaciones provocadas por la pandemia. Eso significa que podría haber margen para avanzar. Esa es nuestra tarea este año, para eso nos necesitamos todas y todos, porque no será una disputa fácil. Y esta pelea hay que darla. ¿Qué otro sentido tendría ser un sindicato?