Sociedades de Psiquiatría rechazan en informe el proyecto de ley que habilita la internación compulsiva

Al tiempo que la Comisión de Salud Pública del Senado estudia el proyecto de ley sobre “Atención Sanitaria de Adictos en Situación de Riesgo”, que habilita “la internación compulsiva”, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (Supia) elaboraron un informe en que cuestionan la propuesta.

El documento, firmado por la presidenta de SPU Cecilia Idiarte Borda y la presidenta de SUPIA Beatriz De León, establece que “el Sistema de Salud no está preparado para dar respuesta a la demanda” que generará el proyecto y además, indica que este “vulnera” los derechos de los usuarios y sus “libertades fundamentales”.

En setiembre, el senador oficialista que integra la comisión, Luis Gallo, explicó al sitio “UNoticias” que el objetivo del partido de gobierno es aprobar el proyecto antes de que termine 2013. “Se crea un mecanismo, en principio se habla de un consorcio público para atención sanitaria inmediata; es un servicio integrado por técnicos y médicos, que frente a la denuncia de una situación concreta de un adicto con alteraciones que está creando dificultades, hace el diagnóstico de la situación y si realmente está en situación de desequilibrio, decide la internación”.

Pero para los psiquiatras, el proyecto que habilita a que un equipo interne a aquellos pacientes que se consideren “afectados por el uso de estupefacientes” en la vía pública tiene “problemas teóricos de conceptualización”, “problemas por restricción de las libertades fundamentales” por conducir a una “criminalización y judicialización de las personas afectadas” y por no tener plazos concretos de internación.

Además, se indica, generará “sobrecarga de las Instituciones” que ya tiene falta de camas. “Nos preguntamos en qué condiciones debemos continuar trabajando, sin todas las garantías necesarias para ejercer nuestra profesión”, se añade.

“Actualmente no hay camas para pacientes que quieren ingresar voluntariamente (hay lista de espera). Entonces, ¿dónde se internará a los pacientes que este proyecto prevé?”, se indica.

Las Sociedades de Psiquiatría se preguntan además “¿cómo y quién determina en la vía pública que dicha situación signifique un riesgo para sí o para terceros?”.

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