Declaración del SMU sobre tratamientos de alto precio y judicialización de la medicina.

lunes 26 de marzo de 2018

Días pasados tuvo lugar una actividad en Maldonado, en la que se abordaron los temas de tratamientos de alto precio y judicialización de la medicina. Durante la misma, el sub-secretario del MSP Dr. Jorge Quian, realizó una exposición de la cual públicamente han trascendido los aspectos más controvertidos y en este debate público, el SMU como organización no quiere ser ajeno.

En el abordaje del problema del acceso a procedimientos y tratamientos de alto precio partimos de tres premisas. La medicina avanza de forma rápida y constante incorporando recursos diagnósticos y terapéuticos, que hay que analizar para resolver o no su incorporación a la práctica habitual. Los recursos que un país dedica a su sistema de salud son finitos y deben administrarse racionalmente para obtener de ellos los mejores resultados posibles. Todas las personas que se asisten en ese sistema de salud deberían tener el mismo derecho a las prestaciones que el sistema brinda, independiente de sus recursos económicos, vinculaciones y cualquier otra variable de su condición social.

En la resolución de cada situación puntual participa un gran número de actores que en ocasiones se complementan y en otras tienen intereses opuestos. Esto es un hecho de la realidad y no debe ser la excusa en que se resguarde la inoperancia ni la injusticia. Es consecuencia del sistema en que vivimos, el cual no vamos a modificar en su esencia desde esta discusión. Abordar el problema justificando la parálisis actual en los distintos roles e intereses de la industria, la justicia, los abogados, los efectores, los médicos, etcétera, no parece un camino muy conducente.

El gobierno a través de la autoridad sanitaria y de las estructuras administrativas y técnicas que ella defina debería tener un rol central en establecer los mecanismos y las garantías para avanzar de acuerdo a las tres premisas que definimos anteriormente. Tiene las potestades, las herramientas y la posibilidad de generar otras para hacerlo.

Pasa necesariamente por involucrar a todos los actores y converger hacia soluciones que prioricen el bien general. Cada actor tiene su rol, debe asumirlo con responsabilidad y los demás reconocerlo y respetarlo. Los conflictos de interés deben estar claros y sobre le mesa para poder avanzar con honestidad y transparencia.

Luego de un salto cualitativo importante hace 10 años, el tema se ha estancado. El PIAS y FTM no se han actualizado. No se ha creado una instancia independiente de evaluación tecnológica. El Fondo Nacional de Recursos incorpora técnicas y medicamentos sin claros fundamentos y mantiene otros sin clara justificación. Otro tanto ocurre con BPS que financia tratamientos que no cubren los efectores privados. Además de la existencia de prestaciones que los efectores, públicos y privados, otorgan de acuerdo a cada caso y sin un criterio objetivo definido.

El SMU opina que se deben incorporar nuevas prestaciones, administrar mejor los recursos y avanzar en la equidad de acceso a los servicios de salud. La “judicialización” de la medicina, que nadie parece querer, es un emergente de ésta situación.  Ir resolviendo los problemas puntuales en situaciones de conflicto no es la solución.