viernes 4 de septiembre de 2026
La delegación presentó observaciones sobre el articulado y dejó planteados cuatro temas que el proyecto no contempla, respaldada por un informe jurídico que quedó a disposición de la comisión.
El primero de esos temas, que no figuran en la normativa, es el seguro laboral por siniestros de trabajo. El SMU pidió que la Rendición de Cuentas incluya una partida específica para que ASSE y el resto de los organismos públicos garanticen esa cobertura “en igualdad de condiciones con el sector privado”, y para que “se agilicen los procedimientos de reconocimiento de estos siniestros como accidente o enfermedad laboral”. El planteo surge de los riesgos ocupacionales propios de la actividad asistencial: “Exposición a agentes biológicos por pinchazos o cortes, contacto con enfermedades infecciosas, y agresiones de pacientes o acompañantes, cada vez más frecuentes en los servicios de emergencia”, según enumeró la delegación.
Sobre el articulado, el SMU describió una situación conocida en los servicios: guardias que quedan descubiertas y licencias sin cobertura, con la sobrecarga que eso genera sobre quienes terminan cubriendo esos turnos. En ese punto señaló el artículo 330 como un aspecto positivo del proyecto, ya que autoriza a trasladar hasta 915 millones de pesos anuales desde contrataciones de empresas externas hacia servicios personales, con destino exclusivo al Fondo de Suplencias de ASSE. Advirtió, sin embargo, que el mecanismo rige solo para el período 2025-2029 y que conviene revisarlo antes de que venza.
El segundo tema planteado es la presupuestación de los funcionarios de ASSE. El artículo 328 refuerza el mecanismo de las Comisiones de Apoyo para contratar personal cuando los cargos ordinarios no alcanzan. El Sindicato sostuvo que esa vía debe ser transitoria y no la solución de fondo, y pide acceso periódico a información sobre esas contrataciones “para que la excepción no termine naturalizando los vínculos precarios”. Recordó que el artículo 482 de la Rendición de Cuentas de 2023 ya habilitó presupuestar a quienes llevaban más de 18 meses contratados por Comisiones de Apoyo, y que el proceso alcanzó a menos trabajadores de los habilitados.
El tercero es la equiparación salarial entre el sector público y el privado. Un médico que trabaja en ASSE cobra menos que un colega con la misma carga horaria en una mutualista, y esa brecha explica parte de la dificultad para cubrir cargos en el interior del país, donde faltan médicos y especialistas. El SMU planteó que el presupuesto de ASSE se calcule sobre una cuota salud equivalente a la que reciben los prestadores privados, de forma de tender a un laudo único para toda la profesión, y señaló en particular la remuneración de los cargos de residencia médica, notoriamente inferior a la del resto de los cargos presupuestados.
El cuarto tema señalado fue la necesidad de retomar la reforma del sistema de salud en lo relativo al ejercicio médico: la concentración de la carga horaria en cargos de alta dedicación para reducir el multiempleo, la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud de prestadores estatales que hoy quedan afuera, como Sanidad Policial y Sanidad Militar.
“Ninguno de estos puntos figura en el proyecto que estamos comentando, y sabemos que una ley de Rendición de Cuentas no es el instrumento para resolverlos en su totalidad. Pero pedimos que esta Cámara y el Poder Ejecutivo asuman el compromiso de reabrir esa agenda antes de que termine el actual período de gobierno”, planteó el SMU ante la comisión.
