Ginecólogas de servicios de SSYR reflexionan sobre la actualidad de la aplicación de la Ley 18.897 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 28 de Mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Con motivo de dicha conmemoración desde el SMU nos planteamos ahondar en la situación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), consignada en la ley 18.987, así como a las principales conclusiones que se pueden sacar a más de ocho años de aprobada la misma.

Para esto conversamos con la Dra.Verónica Fiol Lepera (VFL), especialista en Ginecolotología, ex Prof.Adj. de la Clínica Ginecotológica A, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva e Integrante del Servicio de SSyR del Hospital de la Mujer del CHPR y la Dra. Josefina Tarigo Galo (JTG), especialista en Ginecolotología, asistente de Clínica Ginecotológica A Facultad de Medicina – UdelaR.

Ambas profesionales ejercen la medicina en prestadores públicos y privados.

¿Cómo han visto la evolución de la aplicación de la Ley 18.987 desde su aprobación hasta el presente ?

VFL- Si bien se trata de una ley compleja de implementar, creo que globalmente la aplicación ha sido buena.

Antes que nada fue una implementación rápida: la ley se aprueba en octubre, se reglamenta en noviembre  y el 1 de diciembre ya comienza a aplicarse en todos los prestadores del SNIS. 

La complejidad de la redacción de la ley y las indicaciones muy específicas que incluye hacían (y hacen) que su aplicación fuera un desafío: el cumplimiento de tiempos, la obligatoriedad de la consulta con el equipo interdisciplinario (en algunos lugares del interior es muy difícil contar con los 3 integrantes en forma  simultánea), el plazo de reflexión y el acceso a la medicación.

Fue una fortaleza el contar en gran parte del país con equipos de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), que fueron quienes llevaron adelante la implementación de la ley en sus inicios.

También es importante destacar el rol de la Facultad de Medicina en la formación de profesionales en el tema de SSyR e IVE. Esto ha generado a lo largo de los años generaciones de ginecólogas y ginecólogos que cada año egresan de la residencia con experiencia en el abordaje del embarazo no deseado y que actualmente forman parte de equipos de SSyR en todo el país.

JTG- Se han visto grandes mejoras ya que todos los prestadores cuentan con servicios de SSyR. Algunas dificultades que hubo en el interior, por ejemplo en Salto, donde todos los ginecólogos eran objetores, hoy en día fueron subsanadas porque hay profesionales que aplican la ley. Aún persisten algunos inconvenientes pero logran ser subsanados, por ejemplo instituciones que por sus estatutos son “objetores institucionales” están obligados a brindar este servicio a sus socias a través de otro prestador.

¿Cuáles consideran que han sido los efectos positivos que ha tenido la aprobación de esta ley?

VFL- Los efectos positivos son múltiples. 

Por un lado está el efecto sanitario de la disminución de la mortalidad y morbilidad  materna por aborto inseguro, que siendo un indicador duro, en este país que tiene pocas muertes maternas, ha disminuido en forma sistemática, desde la implementación del modelo de reducción de riesgos y daños primero, y con la ley de IVE después.

Por otro lado está el reconocimiento  de la interrupción del embarazo como un derecho, como una prestación sanitaria más que permite q las mujeres  decidir cuando y en qué condiciones ejercer la maternidad 

Pero uno de los efectos más importantes es la inclusión dentro del sistema sanitario al embarazo no deseado como un problema de salud, como una circunstancia más dentro del periplo vital de una mujer. 

La ley perfectible, pero no creo que tenga efectos negativos una ley que asegura derechos.

JTG- Los efectos positivos son varios, sobre todo que las mujeres pueden ejercer el derecho de decidir sobre su cuerpo. Hoy en día se asume como un derecho adquirido y a nadie le alarma hablar de IVE. Si bien no es algo que se dice porque no es políticamente correcto, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos una especie de “marca”.

A nivel asistencial, ¿desde las instituciones públicas y privadas que conoces, hay diferencias en la aplicación de la ley?

VFL-No creo que existan diferencias en la aplicación de la ley, y yo personalmente trabajo en muchos ámbitos diferentes. Sin duda que las instituciones tienen diferencias intrínsecas en varios aspectos, pero la esencia de la ley se cumple en mi experiencia de igual manera en todos los prestadores que conozco. 

Si pueden existir diferencias Montevideo-interior

JTG- No hay grandes diferencias entre los servicios públicos y privados. Lo principal son los costos que puede tener en los copagos por ejemplo. La consulta y la ecografía están subsidiadas pero los controles y métodos tienen distintos costos dependiendo de la institución, (a nivel público no tienen costo).

¿Cuáles son los principales obstáculos que perciben que las mujeres hayan tenido para el acceso a la IVE?

VFL- Una gran dificultad en la aplicación de la ley, que se mantiene hasta el momento actual es la objeción de conciencia (OC). La OC es antes que nada un derecho que lo profesionales tenemos que nos exime de actuar en procesos que se opongan a nuestra conciencia. 

La OC genuina no debería ser un problema si se acompaña del compromiso del profesional en asegurarse que la mujer pueda acceder a otro profesional que brinde el servicio. 

El problema surge cuando la OC no es genuina, cuando se acompaña de maltrato, hostigamiento o se intenta entorpecer o incidir en el proceso de decisión de la mujer. Esto, si bien cada vez sucede menos, sigue lamentablemente pasando.

Esas complejidades son más evidentes en el interior sobre todo en localidades pequeñas donde puede haber dos o tres ginecólogos. Si todos manifiestan OC se pone en riesgo la confidencialidad de la consulta . Si bien el proceso de IVE está amparado por el secreto profesional y los equipos son rigurosos en él, en localidades pequeñas es difícil de mantener en secreto y eso hace que algunas mujeres prefieren no exponerse y pasar al sistema clandestino.

JTG- El estigma social sigue siendo un obstáculo más allá que el que sea un derecho adquirido y aceptado por la sociedad uruguaya, la mujer que decide interrumpir un embarazo sigue estando estigmatizada y muchas veces muy sola en su entorno.

Otro obstáculo son algunos técnicos, profesionales de la salud que obstaculizan el proceso de la IVE y no la realizan, tampoco brindan el asesoramiento necesario, no indican los estudios correspondientes ni realizan las derivaciones  oportunamente a otros médicos y a esto se le suma el problema de la COVID-19 que ha hecho que en algunas instituciones se pase a telemedicina el 100% de las consultas con todo lo que eso implica, pérdida de confidencialidad, pérdida de la instancia de estar sola con el médico y tratar más profundamente algunos temas; retraso en el acceso a la consulta o realización de estudios para la realización de la ecografía que define la edad gestacional.

¿Han recibido denuncias en los últimos tiempos sobre problema de acceso a ejercer un derecho consagrado en la ley?

VFL- Sé qué hay algunas instituciones de la sociedad civil que han recibido algunas denuncias sobre el retraso en el acceso a la IVE.

Pero en mi experiencia en el trabajo en el área (que es muy variada ya que trabajo en IVE en el sector público, mutualistas y seguros de salud), no he notado dificultades en el acceso.

Las prestaciones de IVE fueron desde el inicio parte de las consultas en salud  que no fueron suspendidas, estas consultas se mantuvieron en forma presencial durante toda la pandemia. 

Es importante destacar el enorme compromiso de los equipos de Ssyr que mantuvieron las consultas durante todo este tiempo, más allá de los temores iniciales ante la incertidumbre de la pandemia y ahora, con el aumento exponencial de casos .

Lo que sí está surgiendo en este momento son algunas dificultades logísticas vinculadas con los aspectos de cumplimiento de los tiempos, que son muy estrictos en esta ley. Existen mujeres que en el transcurso de un proceso de IVE cursan la infección por covid y por tanto cuarentena, y eso demora la realización de las consultas, ecografías, etc. Es complejo en estos casos instaurar consultas por telemedicina, ya que el riesgo por ejemplo, de la pérdida de confidencialidad es real.

JTG- No me consta que hayan habido grandes dificultades, alguna situación puntual pero no a nivel macro. Tenemos un tema más vinculado a la pandemia: los servicios de Ssyr no están suspendidos, sí lo están las policlínicas proveedoras de métodos y en las consultas con ginecólogos telefónicas no se logra que la mujer acceda al método anticonceptivo que le es más seguro o el que ella decide elegir, que es por ende el mejor método.

He visto en estos tiempos más interrupciones por fuera de la ley porque algunas demoras hacen que las usuarias lleguen tarde a la consulta y se encuentren fuera de los plazos.

Consultada también por una visión global del tema IVE sobre todo desde la perspectiva asistencial y general de la salud de las mujeres, o el derecho a la salud del colectivo de mujeres la Dra. Verónica Fiol Lepera dijo que “el derecho a la salud de las mujeres incluye sin duda el acceso a la salud sexual y reproductiva en forma Integral. El derecho a la IVE se enmarca dentro de un paquete de derechos que deben incluir el derecho a la la anticoncepción universal, gratuita, accesible y  segura (efectiva); el derecho a una educación sexual de calidad para todos; el derecho al acceso a los procedimientos de reproducción asistida para aquellas que lo necesiten; el derecho a la preservación de la fertilidad; el derecho a vivir una vida libre de violencia basada en género.

El acceso a la Ssyr, cómo parte de la salud integral, es un Derecho de las mujeres, la formación en Ssyr es un deber de los profesionales”.

viernes 28 de mayo de 2021