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Palabras de la Dra. Sara Méndez, en representación del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay

Nunca más

Desde el fondo de su historia, el Uruguay, y el Sindicato Médico, han mantenido una conducta firme en la denuncia de los casos de tortura que le han sido conocidos.

Primero fue en la Dictadura de Terra, en los años 1933 y 1934, cuando fueron denunciadas y publicadas en la revista Acción Sindical, casos de tortura a ciudadanos y algún médico.

Más tarde, desde las páginas del entonces Boletín Noticias, se publicó un reportaje al profesor de Medicina Legal y Médico Forense, Dr. Julio Arsuaga, documentando la preocupación de la clase médica por la práctica sistemática de la tortura a los presos comunes, en la década del 60 y 70.

Casi inmediatamente, se asistió y denunció las consecuencias de la tortura sobre los ciudadanos y los médicos, por razones políticas, sociales o de conciencia. Algunas de esas torturas motivaron resonantes asambleas del Sindicato Médico, que conmovieron a la opinión pública y a la opinión política de la época.

A comienzos de los años 70, el Sindicato Médico, bajo la presidencia del Dr. Julio C. Ripa, ante el peso de los hechos que conmovían a la opinión pública, constituyó un recordado grupo de psiquiatras y clínicos, que elaboraron un documento fundamental condenando el uso del «narcoanálisis», o sea el interrogatorio de prisioneros políticos bajo el influjo de drogas psicotrópicas. Recordamos aquí a los autores del trabajo, los Dres. José María Reyes Terra, Alfredo Pernin, Guaymirán Ríos Bruno y Luis E. Folle, aporte que tuvo profunda repercusión en nuestro país y en toda América Latina, particularmente en el mundo médico.

Cerramos este período con la larga cadena de denuncias nacionales e internacionales de práctica sistemática de la tortura a los presos de conciencia, incluidos entre ellos decenas de médicos y estudiantes de medicina, que merecieron la respuesta solidaria de los organismos de Derechos Humanos del mundo.

El Uruguay, a través del SMU, estuvo presente en la redacción de la Declaración de Tokyo, adoptada en Japón en setiembre de 1975 por la Asociación Médica Mundial, que condena la participación de los médicos en la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esa Declaración, piedra angular de cualquier juicio ético sobre el punto, tuvo papel protagónico el Dr. Omar Barreneche, distinguido médico uruguayo, tres veces Presidente del SMU, que era miembro del Consejo de la Asociación Médica Mundial y presidió su Comité de Ética.

En ese momento se cierne sobre el Sindicato Médico la Intervención decretada por el gobierno militar, silenciando así a nuestra institución por casi diez años. En ese lapso, otras organizaciones profesionales, tuvieron destacada labor. Recordemos la actuación de la Federación Médica del Interior, en ocasión del asesinato bajo tortura del médico Dr. Vladimir Roslik, en abril de 1984.

En julio de 1984 tiene lugar la VII Convención Médica Nacional, que -entre otras resoluciones- adopta el establecimiento de la Comisión Nacional de Ética Médica, integrada por distinguidos abogados y médicos, para el juzgamiento bajo las normas del debido proceso de los médicos que durante el desempeño de sus cargos al servicio de la Policía y las Fuerzas Armadas, se hubieran apartado de las normas éticas universalmente aceptadas en el trato de prisioneros.

Desde que la democracia se restableció en 1985, el SMU desarrolló diversas acciones, destacándose, en abril de 1986, el Seminario Consecuencias de la represión en el Cono Sur, con destacada participación internacional de representantes de los países de la región, de Estados Unidos y Europa, que analizaron las repercusiones físicas, psicológicas y sociales de la tortura y la desaparición de personas durante los regímenes de facto en nuestro continente.

En diciembre de 1987 tuvo lugar otro seminario en Montevideo, organizado junto al Instituto para la Recuperación de las Víctimas de la Tortura, el IRCT de Dinamarca, bajo el título El médico ante la ética y la tortura, donde fueron analizadas a fondo las situaciones de Uruguay, Chile, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, Filipinas, con documentados informes que marcaron los denominadores comunes de estas prácticas aberrantes y que son referencia obligada en todo el mundo.

Por último, pero no menos importante, calificados colegas en el campo de la salud mental, se han dedicado en profundidad a realizar estudios de seguimiento de estos procesos, en el marco de los países que vivieron iguales situaciones de dictaduras y terrorismo de Estado, generando trabajos fundamentales que también son citas obligadas de los psicoanalistas en todo el mundo. Nos referimos a los trabajos de los doctores Marcelo Viñar, Maren Ulriksen y Daniel Gil, algunos de ellos muy recientes. Varios de ellos han sido presentados al mundo académico en este mismo espacio que hoy compartimos con todos ustedes.

Hasta hoy, el Sindicato Médico continúa ocupándose de estos temas, que no se agotan, y sobre los que es necesario volver, para recordar y recordarnos nuestros deberes éticos fundamentales. El Sindicato Médico siente profundo dolor por todas las víctimas de la tortura, en cualquier país del mundo, y especialmente en el nuestro. Y debe manifestar su profundo orgullo de que este tema, como muchos otros que convocan a nuestra sociedad, siga siendo considerado y recordado por nuestros compatriotas, para seguir profundizando en sus raíces y prevenir su repetición.

Por eso celebramos que hoy se realice en nuestra Sede esta actividad, para conmemorar el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, porque es un eslabón más en la larga cadena de denuncia de la violencia y la impunidad, y de solidaridad con todas las víctimas.

Con nuestra presencia esta noche, no hacemos más que remarcar el compromiso del SMU con esta causa, y la insistencia permanente, en todo tiempo y lugar, para prevenir y evitar que la tortura vuelva a aplicarse en nuestro país, a cualquier persona y en cualquier parte.

Es nuestra forma de evocar a quienes padecieron y padecen tortura, y a quienes se ocuparon de denunciar su práctica, de utilizar sus conocimientos profesionales para asistir a la recuperación de las víctimas, y de condenar a quienes prestaron su saber científico, contraviniendo todas las normas éticas de la Medicina, para practicarla.

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