Es necesario mencionar, como antecedente, que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó en su momento, con claridad, su oposición al proyecto conocido como “Ley Express”, presentado en la anterior legislatura, en relación con la CJPPU.
Es un dato de la realidad que la situación crítica del instituto exige hoy una respuesta inmediata, por lo que resulta necesario analizar y tomar postura sobre el nuevo proyecto de ley actualmente en discusión.
El SMU reconoce que este proyecto de ley no ha sido aún objeto de una deliberación colectiva amplia, entre otras razones, porque no conoce los fundamentos técnicos ni los estudios actuariales que permitan evaluar, con solidez, la viabilidad y sustentabilidad de las medidas propuestas. Por lo que no sería responsable afirmar que el SMU apoya el proyecto.
No obstante, es fundamental aportar al debate, de forma seria, a partir de la defensa del interés colectivo junto a los principios de sostenibilidad, equidad y justicia contributiva.
En base al asesoramiento recibido, el SMU entiende que existe una situación de la CJPPU caracterizada por:
- La imposibilidad del pago de las prestaciones a partir del mes de julio/agosto del presente año, debido a una crisis de carácter estructural. Los ingresos de la Caja por todo concepto no son suficientes.
- Si bien existen problemas de gestión y gastos innecesarios que deben ser corregidos, su dimensión no es relevante para cumplir con las erogaciones. También entendemos que existen problemas de gobernanza que deben ser atendidos
El proyecto de ley presentado y que pretende resolver este desequilibrio aumentando los ingresos y disminuyendo los egresos de la CJPPU, ha generado discusiones, rechazos y argumentos que el SMU entiende deben ser escuchados, a pesar del poco tiempo que se ha planteado para su aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
En esta ocasión, el SMU concurre a esta instancia con la intención de aportar algunas ideas y realizar algunas críticas siempre con la salvedad inicial: no se conoce el análisis actuarial realizado por el Poder Ejecutivo.
Solucionar el problema económico de la CJPPU que permita seguir pagando sus prestaciones, asegurar cobertura, suficiencia, sostenibilidad y equidad, implicará actuar sobre los siguientes factores o variables:
- El aporte de los activos
- La recaudación de los timbres profesionales
- El pago de las prestaciones (aporte de los pasivos)
Y como, según todos los asesoramientos recibidos, es imposible lograr un equilibrio modificando únicamente estos 3 factores, se debe agregar un cuarto elemento:
Existe unanimidad en el SMU con relación a la necesidad de implementar medidas en estas cuatro variables.
1. El aporte de los activos
El aporte de los activos corresponde a 63.000 profesionales activos, mientras que 109.000 se declaran en no ejercicio.
La profesión médica es la que más recursos aporta a la CJPPU por la vía del aporte de los activos, debido a que uno de cada cinco aportantes es médico y, además, las 2/3 partes de los ingresos por timbres provienen del sector salud.
Muchos de estos profesionales son trabajadores dependientes, exclusivamente, y, sin embargo, optaron por aportar a la Caja de Profesionales en lugar de declarar el no ejercicio. Este punto es importante dado que es un grupo que, ante un aumento del aporte, podría pasarse a declaración de no ejercicio y anular el impacto de dicho aumento.
El proyecto plantea varias medidas en esta variable, entre ellas, un incremento del 22,5% sobre el ficto. Aunque se entiende que aplicar una tasa similar a la del sistema general será el objetivo final de la reforma previsional, el riesgo antes mencionado es real. Por esto, un esquema de aumento progresivo y escalonado, que permita una adaptación razonable a la nueva situación, podría atenuar ese riesgo y sería más justo. A modo de ejemplo, podría escalonarse el aumento medio punto por año, o contemplando las diferentes categorías.
2. La recaudación de los timbres profesionales
Al instituto, hoy en día, le ingresan recursos por tres vías: los aportes de los activos, el resultado económico de las inversiones y la recaudación por los timbres profesionales. Estos últimos tienen diferentes valores por cada acto profesional que se realiza. Esto es, una receta para la prescripción de un medicamento, hasta un asesoramiento jurídico o una atención odontológica, o de salud mental por parte de un psicólogo.
El control de esta modalidad de recaudación —que se carga a los actores— es sumamente heterogéneo.
Se reconoce como una práctica frecuente —por todos conocida— que en varias disciplinas no se documentan todas las actividades que realizan los profesionales.
Estos recursos aportados por la población, en diversas modalidades, es la tercera parte del total de ingresos de la Caja. Las 2/3 partes del total de los ingresos por timbres profesionales provienen del sector salud.
Cualquier cambio en el ajuste del valor de los timbres profesionales tendría un fuerte impacto en la actividad vinculada a la asistencia sanitaria, sobre todo en la población de bajos recursos que ya tiene problemas con los copagos. El SMU propone evaluar la posibilidad de excluir los timbres vinculados a la asistencia de estos ajustes.
3. El pago de las prestaciones
Con respecto al aporte de los pasivos (que en general no tienen formas de aumentar sus ingresos) el SMU entiende necesario rediscutir el aporte para disminuir el impacto. Principalmente sobre aquellos que únicamente perciben ingresos por este concepto y planificaron su futuro basado en el valor de la prestación comprometido por la institución.
4. Aporte estatal
Cuando se habla del aporte del Estado el SMU entiende necesario reconocer que este proviene del aporte de toda la población a través de los impuestos. Dichos impuestos gravan a todos y sigue siendo el IVA el de mayor incidencia en la recaudación.
En un país con grandes problemas y desafíos cualquier gasto estatal, como el que se plantea, disminuye los recursos para atender esos problemas y desafíos. El SMU entiende que, aun asumiendo la necesidad del aporte del Estado para solucionar esta crisis, se debe ser equilibrado para no desatender otras urgencias, es decir, mantener, sin descuidar, los derechos de seguridad social de los profesionales.
Otras consideraciones:
- El SMU está en conocimiento de que, la Asamblea del Colegio de Contadores ha presentado una propuesta vinculada, en términos generales, a transferir parte del aporte de los profesionales que declaran no ejercicio a las Afaps. No se conoce su viabilidad jurídica o económica, pero, en el entendido de que amortiguaría el impacto sobre activos y pasivos, y que, eventualmente, evitaría el aporte estatal, sería necesario evaluarla.
- El SMU entiende la urgencia para solucionar esta crisis, sin embargo, apela al más profundo análisis de todas las posibilidades, sin descartar ningún aporte, en la búsqueda de una solución justa y equilibrada.
- Es posible que realizar ese análisis requiera un tiempo mayor al previsto y, de ser así, obviamente se necesitará soporte estatal para respetar los derechos adquiridos y cumplir con las obligaciones de la Caja.
- La confluencia hacia un sistema previsional común, como ya prevé la legislación vigente, debe ser debatida con seriedad y transparencia. Esta crisis, junto a los costos desproporcionados del sostenimiento de otras cajas paraestatales y estatales como la militar, debe motivar una discusión urgente para acelerar el proceso de confluencia y asegurar la equidad del sistema previsional en su conjunto.
Montevideo 30 de abril de 2025.
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