El SMU fue convocado a participar de las actividades relacionadas.
Días pasados el Presidente del SMU, Dr. Gustavo Grecco junto a la vocal del Comité Ejecutivo, Dra. Clara Niz mantuvieron una reunión con el Presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura, Dr. Arq. William Rey e integrantes de su equipo.
El motivo de la reunión fue intercambiar con el Sindicato Médico en el año de su centenario sobre los valores patrimoniales de la Medicina en el Uruguay ya que el Día del Patrimonio de este 2020 estará centrado en la Medicina y Salud como valores a preservar y se homenajeará especialmente al Dr. Manuel Quintela.
En dicha instancia la Comisión invitó al SMU a formar parte de estos festejos así como a generar actividades en conjunto enmarcadas en la celebración de los 100 años de la institución.
El Dr. Gustavo Grecco manifestó la importancia que tiene este 2020 para nuestro sindicato y en esa línea manifestó las iniciativas tomadas desde la institución para la conmemoración del centenario.
Asimismo, el Dr. Grecco planteó el trabajo que se impulsa desde España y Portugal con el apoyo de CONFEMEL para que UNESCO declare a la Relación Médico-Paciente como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Este punto fue de especial interés para la Comisión de Patrimonio quien propuso involucrar al Uruguay como estado parte en esta iniciativa e impulsarla desde las dos orillas del Océano Atlántico.
En este sentido, ambas instituciones mantuvieron una primera reunión con el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Dr. Serafín Romero quien se mostró muy agradecido por el interés de nuestro país en apoyar y liderar conjuntamente el proyecto.
El Sindicato Médico del Uruguay fue convocado por la subcomisión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de la Cámara de Representantes, que tiene a su cargo el estudio de los artículos del área de vinculada a la salud.
La comparecencia del SMU se llevó a cabo el pasado viernes 19 de junio con una delegación integrada por el presidente Dr. Gustavo Grecco, vicepresidente Dr. Gonzalo Ferreira y la Secretaria Médica Dra. Zaida Arteta.
En esta nueva instancia el SMU volvió a referirse al tema de la Agencia y también a dos artículos (405 y 406) vinculados los recursos para financiar los tratamientos de alto precio.
Sobre la Agencia de Evaluación
“En este recinto se acordó dejar en el proyecto los artículos que establecen su creación como persona pública no estatal, pero todo el contenido sobre su diseño, el consejo directivo, el consejo asesor, sus cometidos y funcionamiento están siendo objeto de discusión” recordó Grecco durante su intervención.
El presidente del SMU agregó que desde el sindicato se considera que “nuestro país tiene que avanzar hacia la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en lo más amplio de los conceptos del término”.
Esta agencia debe incluir el análisis de fármacos, tecnología y procesos asistenciales y la elaboración de recomendaciones para que la autoridad sanitaria y el organismo financiador tomen decisiones sobre estas.
“Entendemos excesivo que el texto asigne a esta agencia -que hoy es inexistente- funciones de regulación y control que hoy son potestad del Ministerio de Salud Pública” manifestó el Dr. Grecco.
La sugerencia concreta del Sindicato Médico realizada por el Presidente para este punto fue “quitar las palabras regulación y control y cambiarlas por un texto que, por ejemplo, haga referencia al asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la elaboración de recomendaciones técnicas en materia de medicamentos, fármacos y demás”.
Financiación de tratamientos de alto precio
En esta temática se planteó la discordancia con el contenido específico del artículo 405.
El texto propuesto para este artículo de la Ley de Urgente Consideración, dice: «El Fondo Nacional de Recursos, con la exclusiva finalidad de financiar prestaciones y medicamentos de alto precio que no se encuentren comprendidos en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) según lo dispuesto […]».
“Quiero detenerme en la palabra no” manifestó Grecco y explicó que “el hecho de crear un fondo específico a través de este mecanismo para financiar prestaciones y medicamentos de alto precio que no están comprendidos dentro de lo que la autoridad sanitaria del país determinó que esté dentro del PIAS puede comprometer la estabilidad financiera del sistema”.
En nuestro país, lo que existe como registro de medicamentos del Ministerio de Salud Pública es un enorme listado de fármacos, medicamentos, técnicas, que está inscripto dentro del MSP que puede ser prestado o brindado en nuestro país.
“No todo lo que está inscripto en el Ministerio de Salud Pública está dentro del PIAS ni en el Formulario Terapéutico Médico; lo que es de bajo costo y de alta prevalencia se da a través de las cápitas y de los prestadores de salud; lo que es de alto precio o de alto costo, se da a través del Fondo Nacional de Recursos” explicó Grecco.
Grecco sostuvo que parece un contrasentido crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria que permita agilizar los mecanismos de incorporación de tecnología con evidencia científica, razonablemente analizada y paralelamente se crea un mecanismo para financiar lo que está por fuera.
Agresiones al personal de la salud.
El SMU fue consultado también por el artículo 16 del proyecto de ley que propone agregar un artículo al Código Penal relativo a las agresiones a los trabajadores de la salud, de la educación, que se pena con una multa en UR o pena de prisión sustitutiva, en caso de que lo anterior no sea posible
El Vicepresidente del SMU, Dr. Gonzalo Ferreira manifestó que “entendemos que es una necesidad. Quizás, lo mejor sería no llegar a eso para evitar las cosas que nos han venido pasando con respecto a la seguridad, pero nos parece que es una iniciativa que puede mitigar los hechos de violencia hacia nosotros, así como a los otros trabajadores que están identificados en ese artículo”.
Ferreira aclaró que en la comparecencia en la Comisión del Senado, desde el SMU se pidió un cambio de redacción para que “se estableciera que esto rigiera en los casos en que se sufriera una agresión en ejercicio de la actividad” lo cual no resultaba claro de la anterior redacción.
Visto:
– El marco de un año presupuestal, ante nuevas autoridades en la Administración de Servicio de Salud del Estado y con un nuevo gobierno nacional.
– La labor propositiva permanente y continua desde una perspectiva organizacional, de funcionamiento y del trabajo médico, que el SMU ha mantenido con ASSE históricamente.
– Que desde una visión sistémica, ASSE contribuye a mejorar cobertura y acceso a cuidados médicos a más de un tercio de la población del país, al ser un actor crucial en el proceso de universalización que quedó inconcluso de Administraciones anteriores.
Considerando:
– El planteo de un marco presupuestal restrictivo por parte del directorio y gerencia de ASSE.
– El aumento del número de usuarios que espera la empresa en el contexto de crisis económica y social.
– Que la calidad asistencial tiene relación directa con la inversión en recursos humanos destinados a la atención y en infraestructura donde ellos se desempeñan, y las condiciones de trabajo del equipo de salud.
– Que el Sistema organizacional y la gestión de ASSE son mejorables.
El Comité Ejecutivo del SMU reafirma sus planteos históricos y se mantiene en alerta por:
– Mejora salarial en ASSE, igual función igual remuneración, equiparación interna a través de proyectos de ahorros y destercerización de servicios.
– Eliminar vínculos precarios y flexibilización laboral, con cierre progresivo y programado de Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.
– Reforma de trabajo médico a través de consolidar e incrementar las Funciones de Alta Dedicación.
– Mantener el curso de capacitación a través de la meta 5.
– Mejora salarial de residentes con ingreso al mercado laboral a través de FAD.
– Potenciar inversiones en infraestructura y tecnologías con prioridad en PNA e interior del país.
– Pasaje de ASSE de artículo 220 a 221 de la Constitución, pasaje a FONASA de todos los usuarios de ASSE y disminución de aportes patronales.
– Mejora en condiciones laborales en todos los niveles asistenciales, en salud ocupacional, en salud mental y en atención domiciliaria.
A partir de las recomendaciones de la Novena Convención Médica Nacional (9CMN) el SMU ha abordado la temática y ha trabajado en propuestas que deriven en la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias.
Con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre políticas específicas sobre la creación de una agencia de estas características este jueves 11 de junio, se realizó la actividad “Seminario sobre la creación una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias”, de forma presencial en las instalaciones del Sindicato Médico del Uruguay y por vía remota.
El documento final de la 9CMN dice que “la tecnología es necesaria en todos los niveles asistenciales”, aunque no está claramente definido el mecanismo de evaluación para realizar actualizaciones tecnológicas eficientes y eficaces y es por esto que se propone la creación de una “Agencia de evaluación de tecnología”.
Esta deberá priorizar las intervenciones en el sistema a través de mecanismos “lo más objetivos y explícitos posibles, aplicando los métodos de evaluación más rigurosos desde una perspectiva sanitaria y económica”.
Las decisiones deben ser transparentes, independientes y con reconocido rigor técnico, estableciendo reglas de juego claras y formales.
Dada la inclusión de esta temática en la Ley de Urgente Consideración (LUC), el SMU compareció ante la Comisión de Salud de Diputados y la Comisión Especial para el estudio de la Ley de Urgente Consideración del Senado manifestando allí su posición al respecto.
Allí se ratificó la necesidad de contar con una Agencia, de carácter profesional e independiente, que emita recomendaciones sobre la incorporación de tecnologías y medicamentos en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Durante la actividad, el Dr. Arturo Briva como representante del Grupo que propuso la creación de la agencia en la 9CMN, realizó una presentación sobre la necesidad de la existencia de una institución de tales características.
Asimismo, el Dr. Federico Preve, en representación del Sindicato Médico del Uruguay, presentó la posición del gremio sobre las características que esta agencia tendría que tener.
Esta agencia debería ser de carácter técnico, independiente y transparente; que realice recomendaciones con rigor científico; análisis costo-efectividad, costo-utilidad y estudio de umbral; así como incorporación de prestaciones, tecnologías ymedicamentos. En cuanto a los aspectos de relación con el SNIS que sea de carácter no vinculante en sus resoluciones y recomendaciones y facilite la toma de decisiones de las autoridades políticas del Sistema Nacional Integrado de Salud; que ponga acento en la equidad y el acceso como orientaciones centrales.
Se presentaron también los cometidos que debería tener la misma; se propuso una posible gobernanza, con un Consejo Directivo de cinco integrantes y se expuso sobre posibilidades de financiación.
Basado en estos antecedentes y en los diferentes aportes recibidos, desde el Sindicato se prepara un proyecto de Ley para ser elevado al Poder Ejecutivo y que pueda ser recogido en el articulado de la Ley de Creación de esta agencia.
El pasado 24 de marzo de 2020, el Sindicato Médico del Uruguay puso a disposición de médicas y médicos una línea de teléfono mediante la cual, los equipos de salud pueden denunciar situaciones de falta de equipos de protección personal (EPP), mala utilización y otros problemas vinculados al acceso de los mismos.
El objetivo de esta medida fue dar rápida respuesta a estas situaciones ya que se reciben diariamente denuncias y notificaciones sobre la ausencia de disponibilidad o inadecuada calidad de los EPP para evitar la dispersión de SARS Cov 2 entre el personal de salud y las personas que se asisten en los distintos prestadores.
A partir de estas denuncias y notificaciones recibidas en la línea telefónica y de las experiencias relatadas por médicas y médicos que participaban asiduamente en Comité de Emergencia Sanitaria del SMU, surgió la necesidad de hacer una encuesta más amplia y sistematizada para obtener información de los profesionales que trabajan los distintos niveles, realizando un relevamiento sobre la disponibilidad y utilización de EPP.
Los resultados de esta encuesta son un insumo fundamental para conducir las gestiones pertinentes con los prestadores y las autoridades del Ministerio de Salud que fueran necesarias.
La encuesta
Entre el 4 al 14 de mayo se realizó la consulta por medio de un formulario de Google, que fue difundido por redes sociales, en el sitio web del SMU y entre las distintas sociedades científicas que forman parte del comité de emergencia sanitaria del gremio.
Estuvo conformada por 17 preguntas, la mayoría de respuesta cerrada, siendo las 2 últimas de carácter abierto para detectar dificultades no contempladas en el formulario.
La llegada por redes fue a 36.589 personas y fue 1560 veces clickeada.
Un total de 727 personas respondieron el formulario dentro del período estipulado, dejando en la mayoría de los casos (76%) su nombre y datos de contacto.
Resultados
Características de la población que respondió la encuesta.
54% de las personas tienen 45 años o menos, la gran mayoría de quienes respondieron fueron mujeres (75%).
El 60 % de los encuestados trabaja en 1 o 2 lugares, 21% y 39% respectivamente.
En cuanto al ámbito donde se desarrolla el trabajo el 60% se auto referenció en prestadores del sector de las EEMM, IAMC o seguros y 40% en ASSE y (incluye una pequeña proporción de 4% en sanidades militar y policial, intendencias y Hospital de Clínicas).
213 respuestas corresponden e medicas/os del interior del país, lo cual significa un 29% del total.
En cuanto al trabajo con personas con COVID sospechoso o confirmado, el 77% de los participantes refiere que trabaja con pacientes con posible COVID, pero solo un 30% del total trabaja en un área destinada a personas con COVID confirmado.
Disponibilidad y acceso al EPP adecuado
En cuanto a la formación específica en el uso de EPP un 54% de las personas refieren haber recibido formación por medio de video o clases a distancia, mientras que solo un 19% la recibió de forma presencial. Y un 11 % refiere que la formación fue a través de material impreso, gráficos o infografías.
Si tomamos en cuenta solo la población que refiere que trabaja en áreas destinadas a la asistencia de COVID (220 personas), la proporción de quienes recibieron entrenamiento presencial es de 25% y por video y a distancia es 50%, siendo estas cifras similares a las anteriormente mencionadas en los totales.
En cuanto a la autopercepción de seguridad sobre la formación en EPP entre los encuestados, observamos que la mitad se siente seguro mientras que la otra mitad presenta dudas sobre sus conocimientos.
Asimismo, se reparte en mitades la percepción de conocimiento y seguridad que otorga el protocolo de EPP de la institución donde se desempeña.
Si analizamos estos ítems en las distintas sub poblaciones IAMC/EEMM, ASSE, o Montevideo Interior, área COVID o no COVID, no se encuentran claras diferencias.
La mascarilla quirúrgica es el elemento de mayor disponibilidad, seguida por los demás elementos de protección facial y sobre túnicas, si bien estos últimos llamativamente se reportan como disponibles en el entorno de la mitad de los casos (40-60%).
Cuando analizamos las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta: En cuanto a la disponibilidad del EPP, ¿cuál es la mayor dificultad?, obtenemos una gran cantidad de respuestas vinculadas a la cantidad y disponibilidad real (es decir que los elementos adecuados estén en el sitio de atención de los pacientes). Especialmente se hace referencia a la disponibilidad de mascarillas de alta densidad (N95) y a la calidad en general de todos estos elementos.
Además se destaca en un gran número de respuestas, la necesidad de mayor formación y entrenamiento en la correcta utilización de todos los elementos del EPP.
Conclusiones:
La conclusión más importante de este trabajo es que existen dificultades en cuanto a la disponibilidad y adecuada utilización de EPP en Uruguay.
Dentro de estas dificultades, se destacan la falta de insumos adecuados (mascaras de alta densidad, sobretúnicas etc.) y la calidad dudosa de algunos de ellos.
Asimismo, los resultados muestran que es necesario intensificar la divulgación de protocolos de actuación en cuanto a EPP y la formación de los médicos con entrenamientos de calidad tanto presencial como virtual.
El Sindicato Médico del Uruguay a través de su comisión de Violencia Doméstica se suma a la conmemoración del Día Internacional de Prevención del Maltrato hacia las personas adultas mayores que se celebra cada año el 15 de junio y del Día Nacional del Adulto mayor y de los abuelos que se conmemorará el próximo 19 de junio.
El maltrato a las personas adultas mayores es un problema de Salud Pública en que se da una violación de los derechos humanos y deja graves secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Como lo expresa la OMS, se insta a los países a continuar realizando intervenciones preventivas, acciones para combatir el maltrato y disminuir sus consecuencias.
Recibimos y publicamos documento sobre la posición de las Sociedades Científicas sobre el etiquetado frontal de alimentos envasados.
La obesidad y el sobrepeso se han constituido en una pandemia de la que Uruguay no está ajeno. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, 63% de los uruguayos presentaban sobrepeso u obesidad en 20161. Esta situación es prevalente y alarmante en edades tempranas de la vida, con una prevalencia próxima a 12% en niños menores de cuatro años y de 27% en adolescentes de entre 13 y 15 años2. Sobrepeso y obesidad constituyen factores de riesgo centrales para el desarrollo de enfermedades crónica no transmisibles, que al igual que en el resto del mundo, son la principal causa de muerte3 y morbilidad4 en Uruguay. El consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados es un factor fuertemente vinculado al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud de 2015 muestra un incremento en la venta de estos productos de 27% en el periodo 2000-2013 en 13 países de América Latina. Uruguay es el país que presentó el crecimiento más rápido en el consumo de estos productos (146%) a expensas principalmente del consumo de bebidas azucaradas5.
El etiquetado de alimentos tiene como objetivo mejorar la elección de alimentos por parte de los consumidores a través de proveer información clara que permita identificar de forma práctica y rápida aquellos productos con un perfil nutricional no favorable. En un estudio nacional, la presencia de advertencias en la parte frontal del empaquetado con forma de octógonos de color negro, se mostró efectiva en mejorar la selección de productos más saludables por parte de los consumidores que formaron parte del estudio6. La estrategia del etiquetado de productos se ha mostrado como una medida costo-efectiva en reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados entre otros, tanto en países de la región como de otros continentes 789101112131415. La implementación de este tipo de políticas (políticas “nudge”, basadas en pequeños “empujones o estímulos” que contribuyen a optimizar decisiones sin prohibir opciones16) se ha mostrado efectiva en Uruguay en lo que respecta a su contribución en el control del tabaquismo17.
En agosto de 2018 se estableció en Uruguay la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos envasados (decreto 272/018)18. En este decreto se establece que los alimentos que son envasados en ausencia del cliente, deberán contar con un rotulado nutricional frontal cuando en su composición final el contenido de sodio, azúcares, grasas o grasas saturadas exceda los valores establecidos en dicho decreto18. En el proceso de elaboración del decreto se incluyó la opinión de la ciudadanía, asociaciones académicas, organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones gremiales e industrias de alimentos19. Con el fin de establecer directrices para la aplicación de esta normativa a las instituciones con competencias en su implementación, el Ministerio de Salud elaboró un detallado manual20. Se estableció como fecha límite para exigir su implementación definitiva el 28 de febrero de 2020 (18 meses luego de aprobado el decreto)18. Dada la necesidad de armonizar este decreto a la normativa del Mercosur, se creó una comisión de trabajo multidisciplinaria (integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, Economía y Finanzas, Industria, Minería y Energía, y Salud Pública), y se prorrogó el plazo de implementación definitiva 120 días a partir del 1º de marzo de 2020 (decreto 91/020)21.
Desde el trabajo inicial en el que se incluyó a diferentes actores sociales, y bajo un aparente acuerdo con la necesidad de adoptar medidas, se evidenció una fuerte oposición a la política y en particular al sistema de advertencias por parte de la industria alimentaria22.
El conjunto de Sociedades Científicas y asociaciones abajo firmantes, hacen pública su postura a favor del etiquetado frontal de alimentos. Esta política, junto con otras tendientes a estimular la alimentación saludable, contribuyen al control de factores de riesgo modificables que están en la base del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles con conocido impacto sobre la morbimortalidad de nuestra población.
Montevideo, junio de 2020
Sociedad Uruguaya de Pediatría
Sociedad de Medicina Interna del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Nefrología
Sociedad Uruguaya de Reumatología
Sociedad de Dermatología del Uruguay
Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Sociedad de Hematología del Uruguay
Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva
Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia
Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva
Sociedad de Neurología del Uruguaya
Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria
Sociedad Uruguaya de Rehabilitación y Medicina Física
Sociedad Uruguaya de Cardiología
Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay
Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y Adolescencia
Sociedad de Cirugía del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Neumología
Sociedad Uruguaya de Patología Clínica
Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad
Sociedad Uruguaya de Salud Colectiva
Sociedad Ginecotocológica del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Nutrición
Referencias
1 Pan American Health Organization P. PLISA Health Information Platform for the Americas. 2018.https://www.paho.org/data/index.php/en/indicators/visualization.html (accessed 6 Jun2020).
2 INE, INAU, MEC, MSP M. Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud Informe de la Segunda ronda. 2018; : 1–57.
3 MSP. Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles. Uruguay, diciembre 2019. 2019https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/mortalidad-enfermedades-transmisibles-uruguay-diciembre-2019.
4 MSP. Morbilidad por Enfermedades No Transmisibles. Uruguay, diciembre 2019. 2019.https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/morbilidad-enfermedades-transmisibles-uruguay-diciembre-2019.
5 Pan American Health Organization. Ultra-processed food and drink products in Latin America: sales, sources, nutrient profiles and policy implications. 2019.
6 Ares G, Aschemann-Witzel J, Curutchet MR, Antúnez L, Machín L, Vidal L et al. Nutritional warnings and product substitution or abandonment: Policy implications derived from a repeated purchase simulation. Food Qual Prefer 2018; 65: 40–48.
7 Taillie LS, Reyes M, Colchero MA, Popkin B, Corvalán C. An evaluation of Chile’s Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. PLoS Med 2020; 17: e1003015.
8 Kumar M, Gleeson D, Barraclough S. Australia’s Health Star Rating policy process: Lessons for global policy-making in front-of-pack nutrition labelling. Nutr Diet 2018; 75: 193–199.
9 Huang Y, Kypridemos C, Liu J, Lee Y, Pearson-Stuttard J, Collins B et al. Cost-Effectiveness of the US Food and Drug Administration Added Sugar Labeling Policy for Improving Diet and Health. Circulation 2019; 139: 2613–2624.
10 Tao Y, Li J, Lo YM, Tang Q, Wang Y. Food nutrition labelling practice in China. Public Health Nutr 2011; 14: 442–450.
11 Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. Lancet Public Heal 2018; 3: e164.
12 Cecchini M, Warin L. Impact of food labelling systems on food choices and eating behaviours: A systematic review and meta-analysis of randomized studies. Obes Rev 2016; 17: 201–210.
13 Corvalán C, Reyes M, Garmendia ML, Uauy R. Structural responses to the obesity and non-communicable diseases epidemic: Update on the Chilean law of food labelling and advertising. Obes Rev 2019; 20: 367–374.
14 Hyseni L, Atkinson M, Bromley H, Orton L, Lloyd-Williams F, McGill R et al. The effects of policy actions to improve population dietary patterns and prevent diet-related non-communicable diseases: Scoping review. Eur J Clin Nutr 2017; 71: 694–711.
15 Vandevijvere S, Dominick C, Devi A. The healthy food environment policy index: Findings of an expert panel in New Zealand. Bull World Health Organ 2015; 93: 294–302.
16 Thaler R, Cass S. Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, 2018.
17 Harris JE, Balsa AI, Triunfo P. Tobacco control campaign in Uruguay: Impact on smoking cessation during pregnancy and birth weight. J Health Econ 2015; 42: 186–196.
18 Presidencia de la República U. MODIFICACION DEL REGLAMENTO BROMATOLOGICO NACIONAL, RELATIVO AL ROTULADO DE ALIMENTOS. Decreto 272/018. 2018.
19 Uruguay M de SP. Consolidado de respuestas a los comentarios recibidos durante la consulta pública nacional e internacional al proyecto de decreto relativo al rotulado de alimentos envasados (2017), y a los comentarios recibidos por la notificación ante la Organización Mu. 2017.https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/msp_decreto_rotulado_alimentos_envasados.pdf.
20 Ministerio de Salud de Uruguay. Manual para la aplicación del Decreto No 272/018 sobre rotulado frontal de alimentos. 2018; : 32.
21 Presidencia de la República U. PRORROGA DE PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART. 11 DEL DECRETO 272/018, REFERENTE AL ROTULADO DE ALIMENTOS Y CREACION DE UNA COMISION DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIA. Decreto 91/020. 2020.
22 Ares G, Bove I, Díaz R, Moratorio X, Benia W, Gomes F. Argumentos de la industria alimentaria en contra del etiquetado frontal de advertencias nutricionales en Uruguay. Rev Panam Salud Pública 2020; 44: 1.
El Sindicato Médico del Uruguay en el marco de sus 100 años ha comenzado una etapa de trabajo en sus diferentes comisiones con el objetivo de discutir y reflexionar sobre diversas temáticas.
Para sumar más elementos al debate de tan importante temática, el SMU por intermedio de Equipos Consultores realizó una encuesta de opinión dirigida a la ciudadanía sobre eutanasia.
El objetivo de la misma es generar conocimiento sobre las actitudes de los uruguayos y la información que manejan sobre las decisiones y acciones vinculadas al final de la vida como Eutanasia y Suicidio asistido en particular.
Además se indagó en el conocimiento y evaluación de la Ley de Voluntad Anticipada, experiencias cercanas de la población vinculadas sobre la ayuda médica a morir y toma de decisiones.
Encuesta en la opinión pública.
La encuesta fue realizada entre el 13 y el 14 de mayo de 2020 sobre una muestra representativa de la población del Uruguay mayor de 18 años. La modalidad utilizada fue la telefónica mediante aparatos móviles.
La muestra se caracterizó de la siguiente manera:
A estas características debemos agregar que las personas encuestadas se asisten en prestadores de salud privados en un 58% y públicos en un 41%.
Sobre la importancia que tienen las creencias religiosas en su vida, el 30% respondió que es “muy importante” y un 29% respondió “nada importante” como se aprecia en el siguiente gráfico.
En cuanto al manejo de la información y decisiones sobre el proceso de muerte, el 22% de la población manifestó que conoce que existe en Uruguay una ley de Voluntad Anticipada.
Se destaca de forma contundente la importancia del derecho de los pacientes sobre todo en la búsqueda de la transparencia en el manejo de la información que se brinda a pacientes y familias sobre las enfermedades que atraviesan y el estado de las mismas.
El 93% de los encuestados manifestó que el médico debe comunicar claramente la situación de enfermedad a pacientes y /o familiares. El 73% afirmó que el paciente debía conocer su situación de enfermedad y el 16% afirmó que solo la familia debía conocerlo.
El 74% manifestó que las decisiones del paciente deben respetarse sobre las decisiones del médico.
En cuanto a la reflexión sobre el final de la vida, el 72% de los encuestados reconoce haber pensado poco o nada sobre ello. El 89% está a favor de calmar el dolor y el 78% está de acuerdo con calmar el dolor aunque esto acelere la muerte.
El 52% de las personas estuvo de acuerdo en interrumpir tratamientos inútiles, el 24% con prolongar la vida artificialmente y el 22% en dejar la libre evolución de la enfermedad.
Cuando se interrogó sobre Eutanasia, (es decir que un médico pudiera “poner fin a su vida” en caso de enfermedad con sufrimientos insoportables) el 82% de los encuestados se manifestó de acuerdo.
El apoyo a la eutanasia es más frecuente entre la población de Montevideo en el rango de edad de 30 a 44 años y mayor en mujeres que en hombres. También en quienes refieren educación terciaria, dentro de ellos mayor en los que tienen Educación Terciaria y que tienen una buena percepción de su estado de salud, en los que tienen una autoidentificación ideológica de izquierda y en los que no tienen una autoidentificación religiosa.
En cuanto al suicidio asistido, interrogado como que “el médico le proporcione los medios necesarios para que la propia persona le ponga fin a su vida” el 44% contestó “afirmativamente y sin dudas” mientras que el 18% respondió “probablemente sí”, el 23% se manifestó en contra “con toda seguridad” y un 11% “creía que no” pero no estaba seguro.
La Dra. Julia Galzerano, responsable de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del SMU dijo que “sumando las respuestas de quienes están plenamente convencidos y quienes están convencidos sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido se llega a un 80% de personas a favor en nuestro país”.
“Nos parece que a los uruguayos les interesa el tema y que es necesario hablar del mismo. Si nos basamos en esta encuesta de opinión, la gente tiene la idea de que se necesita legislar en el tema eutanasia, sobre todo a quienes tienen enfermedades, la están pasando mal y sin alternativas terapéuticas” agregó.
Galzerano agregó que “surge también de la encuesta la necesidad de comunicar más sobre la Ley de Voluntad Anticipada porque la gente no la conoce”.
Asimismo resaltó como dato de interés que “es más frecuente la opinión favorable hacia la eutanasia en mujeres que están sufriendo alguna enfermedad”
Por su parte, el Dr. Gustavo Grecco reflexionó al respecto de esta encuesta recordando que el sindicato en el marco de la celebración de sus 100 años y a propuesta de su Comisión de Bioética y Derechos Humanos “pone el tema de la eutanasia a discutir en la sociedad y dentro de esa discusión aparece esta encuesta como un insumo más que importante ya que entendemos que la sociedad uruguaya debe discutir sobre el final de la vida, sobre la muerte, sobre cuidados paliativos y sobre dignidad humana”. Grecco agregó que la encuesta muestra “un abrumador porcentaje de personas que no han pensado en el final de su vida y en la etapa final de su vida. Justamente apuntamos a dar discusión”.
La situación sanitaria actual del Uruguay en relación a las infecciones por Sars – Cov2 es consecuencia de las acciones y definiciones que se han tomado por parte de múltiples actores a distintos niveles, donde el compromiso y responsabilidad de cada ciudadano ha sido y es crucial.
En este sentido el SMU realiza un llamado a las instituciones y a la población en general al cumplimiento estricto de la distancia física, uso de mascarilla, y ante todo evitar y no propiciar cualquier tipo de aglomeraciones.
